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El derecho a preguntarle al presidente
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El presidente uruguayo Jorge Batlle y el escritor Juan Gelman, saldando cuentas pendientes (Foto: El Observador) |
Sólo una cosa no hay: es el olvido...
Jorge Luis Borges
El presidente bajó del auto acompañado por tres militares de evidente alto rango y caminó hacia el monumento que coronaba una descomunal bandera de la República Oriental del Uruguay. Me vio, trató de reconocerme, me saludó, y yo aproveché para preguntarle sobre las voces de otros reporteros y los hombros de su escolta:
-Presidente, ¿qué les diría usted en esta fecha a los familiares de los uruguayos desaparecidos durante el gobierno militar?
Luis Alberto Lacalle se detuvo. Me miró con algo parecido al odio o al desprecio. Masculló algo que parecía un insulto. Siguió caminando de cara al sol hacia donde más militares lo esperaban para conmemorar a los caídos en la lucha contra la subversión, mientras algunos de mis colegas me reprochaban la temeridad de haber mencionado a los desaparecidos, sobre todo en un día como ese día, y me advertían que retar así a un presidente puede ser peligroso.
Horas más tarde, cuando comentaba el incidente con mis amigos en nuestro bar favorito en Pocitos, Montevideo, me vino de golpe la certeza de que mi pregunta era legítima, y de que había hecho bien en planteársela a Lacalle ese día y en esa situación. "Después de todo, alguien tiene que responder", les dije o me dije en voz alta. Luego, por una cosa o por otra, a todos se nos olvidó el incidente.
Seis años, dos presidentes y varios domingos después confirmé que no me había equivocado. El País de España anunciaba que por fin había aparecido la nieta del poeta argentino Juan Gelman, presuntamente secuestrada en Uruguay poco después de nacer en 1977, cuando su madre era cautiva de los militares.
Ciertamente emocionado, porque además muchos amigos míos son uruguayos, traté de hablar con el poeta, con el abogado del poeta, con la familia del poeta. Pero el poeta vive en algún lugar de América Latina (probablemente México), y el abogado del poeta no devuelve las llamadas. Hablé con la ex esposa del poeta, Berta Schubaroff, que desde hace tiempo es una de las Abuelas de la Plaza de Mayo.
Doña Berta -voz suave y firme en la distancia que separa a Londres de Buenos Aires- contuvo mi entusiasmo. Me advirtió que los familiares de un desaparecido no pueden darse el lujo de celebrar antes de que se compruebe sin duda la identidad de una persona, porque la alegría prematura puede transformarse en una tristeza doblemente profunda ante el desengaño.
"Voy a esperar el resultado de los exámenes antes de alegrarme", sentenció doña Berta, la abuela potencial de una joven de veintitrés años que -pase lo que pase- ya decidió seguir viviendo con su familia adoptiva, la familia de un policía uruguayo que murió hace algún tiempo.
Más allá del caso Gelman, sin duda publicitado gracias al prestigio del poeta, hay otros casos similares dentro y fuera del territorio suavemente ondulado de Uruguay.
"El descubrimiento de la nieta de Gelman -si es en verdad la nieta de Gelman- prueba que hay documentación, que hay evidencias de casos similares, me dijo Jorge Barreiro, analista político del semanario montevideano Brecha. Pero la voluntad política del gobierno de Jorge Batlle parece no ser suficiente para indagar la suerte de los desaparecidos fuera del país...
"Muchos uruguayos desaparecieron en Argentina", explica Barreiro, lo que serviría para demostrar la complicidad del gobierno militar de Buenos Aires y la eficacia de la Operación Cóndor presuntamente coordinada por la Dina del enfermo Augusto Pinochet. La curiosidad del gobierno uruguayo parece no llegar tan lejos.
Pese a eso, Batlle ha ofrecido declarar legalmente muertos a los desaparecidos, para que las familias puedan cobrar pensiones y seguros, y ha llegado a declarar que el Estado uruguayo está dispuesto a indemnizar a los familiares de las víctimas, en un reconocimiento sin precedentes de la responsabilidad que pudieron haber tenido las instituciones del país en ese delito, comúnmente asociado a la tortura y el asesinato.
Los familiares de las víctimas se niegan a aceptar la muerte de sus seres queridos por decreto, porque quieren saber quién, cuándo, cómo, dónde, por qué desaparecieron hombres y mujeres que pensaban diferente de los militares, y porque quieren que los militares que dieron las órdenes asuman su responsabilidad y paguen sus culpas, si las tienen, a pesar de que la mayoría de los orientales decidió en referendo eliminar la pretensión punitiva del Estado.
Como en Argentina y en Chile, en Uruguay todavía hace falta explicar muchas cosas. Han pasado tres presidentes desde el último gobierno militar, pero no ha pasado mucho más. Como en Argentina y en Chile, en Uruguay parece haber también una voluntad de dar por cerrado un capítulo negro de la historia del país. Pero -como en Argentina, como en Chile- en Uruguay hay quienes no están dispuestos a olvidar fácilmente.
Ellos, como quienes le preguntamos a Lacalle, como quienes le preguntaron a Julio María Sanguinetti, tendrán todo el derecho de interrogar al presidente Batlle cuando puedan:
-Presidente, ¿quién se llevó a nuestros vivos, a dónde, cuándo, por qué, por qué...
Y mientras no haya respuestas seguirá habiendo preguntas.
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Dígale a Miguel
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