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5 gráficos que muestran la Colombia que heredará el próximo presidente
¿Qué Colombia se encontrará el nuevo presidente o presidenta?
Según las encuestas para las elecciones de este domingo, el senador petrista Iván Cepeda, el abogado de derecha Abelardo de la Espriella y la senadora uribista Paloma Valencia son los que tienen más opciones para pasar la segunda vuelta del 21 de junio.
Quien sea que resulte ganador heredará del gobierno de Gustavo Petro un país con menos pobreza y una economía en crecimiento, pero que enfrenta serios retos en materia de seguridad y cuyo sistema de salud tiene a los ciudadanos cada vez más insatisfechos.
Estos son algunos datos que muestran cómo es el país que gobernará quien asuma el cargo el próximo 7 de agosto.
1. Los homicidios no ceden y los grupos armados crecen
Según la más reciente encuesta Colombia Opina de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, el 40,8% de los colombianos considera que el principal problema de Colombia es el orden público.
Es un asunto que los candidatos mismos, en especial de la derecha, han tenido como bandera durante la campaña.
La preocupación de los votantes que registran los sondeos coincide con un deterioro de varios indicadores de seguridad, según las cifras del mismo gobierno.
Los informes muestran un crecimiento de los grupos armados, de los cultivos de coca y de delitos como el secuestro y la extorsión en los últimos años.
El hurto, en sus distintas modalidades, se redujo, aunque los expertos advierten de un gran subregistro.
En 2025, la tasa de homicidios —el indicador que más se suele utilizar para evaluar globalmente la seguridad y comparar países— fue la más alta desde 2021, según datos del ministerio de Defensa.
Y superó la de todos los demás países de América Latina para los que se tienen datos comparables, excepto Ecuador, según el centro de estudios InsightCrime.
A pesar de la desmovilización de más de 13.000 hombres y mujeres armados tras el acuerdo de paz con la guerrilla las FARC en 2016, la tasa de homicidios en Colombia se ha mantenido relativamente estable en los últimos 10 años. Es cuatro veces mayor que el promedio global.
En 2025, 14.000 personas fueron víctimas de homicidios, de las cuales 93% eran hombres. Valle del Cauca, Guaviare y San Andrés fueron los departamentos más afectados.
Informes independientes explican que la violencia y la inseguridad tiene que ver en parte con las disputas por el control territorial y de las rentas ilícitas entre grupos armados.
Acciones como los atentados simultáneos en varios puntos del país en agosto de 2025 y abril de 2026, y el magnicidio del precandidato presidencial de derecha Miguel Uribe son señales de una violencia que, a pesar de las múltiples transformaciones que ha tenido, no termina.
El Clan del Golfo —que surgió de la desmovilización de los paramilitares durante el gobierno de Uribe—, el ELN —una histórica guerrilla que nació en los 60 y ahora opera entre Colombia y Venezuela— y las distintas disidencias de las FARC que surgieron tras el acuerdo de 2016 son los principales jugadores en una serie de luchas de poder regionales por el control de negocios como el narcotráfico y la minería ilegal.
El gobierno de Petro se sentó a negociar con todos estos grupos como parte de su política de paz total.
Pero ni esas negociaciones, la mayoría de las cuales se levantaron sin haber llegado a ningún acuerdo, ni las operaciones militares que se intensificaron desde mediados del periodo de Petro lograron frenar la expansión armada.
Según la Fundación Ideas para la Paz, en 2025 aumentaron las disputas territoriales y creció el desplazamiento.
Según la Fundación CORE, todos los grupos armados organizados menos uno se fortalecieron militar, económica y políticamente entre 2018 y 2025.
En conjunto, los grupos armados organizados en Colombia alcanzan actualmente una cifra de hombres armados similar a la que se desmovilizó tras el acuerdo de 2016, de acuerdo con el conteo que hace la Fuerza Pública.
2. Más coca, más incautaciones
El fortalecimiento de los grupos armados está relacionado con el narcotráfico, aunque este no sea su único negocio.
Por años, el área cultivada de coca ha sido uno de los principales indicadores para evaluar los resultados de la lucha contra el narcotráfico, que tiene una importancia central en la relación de Colombia con EE.UU.
Esa cifra, en el último informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, estaba en su máximo histórico.
En 2023, más de 252.000 hectáreas del territorio nacional estaban sembradas con coca, unas seis veces la extensión de Medellín.
Tras la publicación de ese dato, la lucha de Colombia contra el narcotráfico fue descertificada por el gobierno de EE.UU. El Departamento de Estado calificó como "desastrosas e ineficaces" las políticas antidrogas del gobierno de Petro.
El presidente argumentó que Naciones Unidas cometió errores metodológicos que sobreestimaron la producción potencial de cocaína de Colombia.
"El gobierno de Trump nos descertificó sobre la base de esta trampa, de esta mentira", señaló el mandatario colombiano en octubre.
En un comunicado, UNODC reconoció que sus datos de producción potencial "son limitados para tener un panorama más preciso".
La discusión entre el gobierno y la ONU sobre la metodología retrasó la publicación de los datos de 2024 no solo de producción potencial de cocaína, sino también de hectáreas cultivadas, por lo cual no se conocen cifras que den cuenta de los resultados de la política antidrogas de Petro durante la mayor parte de su mandato.
El presidente, sin embargo, subraya que las incautaciones de cocaína aumentaron significativamente durante su gobierno. En 2025, rozaron el millón de toneladas y superaron en 47% las de 2021, el mejor año del gobierno de su antecesor, Iván Duque.
Algunos expertos especulan que puede haber más incautaciones simplemente porque hay más cocaína.
Al tiempo, la erradicación cayó drásticamente durante el gobierno de Petro: pasó de 103.257 hectáreas en 2021 a 8.051 en 2025.
BBC Mundo pidió a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos los datos de hectáreas sustituidas por año, pero no recibió respuesta hasta el momento de la publicación de este artículo.
3. Menos pobres, mayor salario mínimo
El deterioro de la seguridad contrasta con una serie de indicadores económicos relativamente favorables.
De acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de pobreza monetaria en Colombia en 2024 era del 31.8%, la más baja desde que se realiza la medición con la metodología actual.
Así lo destacó el presidente Petro en una alocución reciente. "Hemos logrado bajar la pobreza monetaria en Colombia hasta donde ningún presidente lo había logrado".
Según un estudio del Banco de la República, la reducción registrada entre 2021 y 2024 equivale a que 3,4 millones de personas hayan logrado salir de la pobreza.
El mismo estudio señala que factores como la recuperación de los ingresos laborales después de la pandemia, las ayudas del gobierno y las remesas influyeron en que hoy haya menos pobres en Colombia.
Los datos del DANE muestran, además, un crecimiento de la clase media, que pasó de ser el 28% de la población en el 2021 al 34% en el 2024.
Sin embargo, la CEPAL estima que la tasa de pobreza en Colombia sigue siendo una de las mayores de América Latina.
Entre 12 países de la región para los que esa institución tenía datos comparables, Colombia registró en 2024 la segunda tasa de pobreza más alta, solo superado por Honduras.
La tasa de pobreza monetaria de Colombia superaba por 18 puntos porcentuales la de Brasil, por 9 puntos a México y por uno a Argentina.
A la vez, el poder adquisitivo de los 2,4 millones de colombianos que ganan el salario mínimo (aproximadamente 1 de cada 10 trabajadores en el país) aumentó entre 2025 y 2026 más que nunca antes en la historia reciente del país.
La controversial decisión que tomó el presidente Petro de incrementar en un 23% el salario mínimo a finales del año pasado resultó en que cada trabajador que gana ese salario ahora tiene 250.807 pesos mensuales (unos US$66) más para gastar que el año pasado. Es más o menos lo que vale una licuadora o un celular de gama baja.
El aumento —muy por encima de la inflación y sin que hubiese un aumento significativo de la productividad— fue fuertemente criticado por economistas, que alertaron que terminaría disparando la inflación, el desempleo y la informalidad.
Las cifras de lo que va de año muestran que el desempleo no aumentó, pero la inflación sí. La del primer trimestre de 2026 fue la más alta desde el primer trimestre de 2023.
4. El crecimiento y el déficit
Tras un par de años con bajo crecimiento (2023 y 2024), la economía colombiana repuntó y alcanzó un crecimiento del 2,6% en 2025.
Con ello, llegó a un nivel similar al que registraba en los años previos a la pandemia y se ubicó levemente por encima del promedio regional, según datos de la CEPAL.
El DANE afirma que el crecimiento económico reciente del país se ha visto jalonado principalmente por el gasto público, el comercio, el transporte, el turismo y los restaurantes.
Para el decano de Economía de la Universidad de los Andes, Hernando Zuleta, eso enciende alertas.
"La recuperación tiene que ver con un gasto público que crece rápidamente", señala Zuleta. "Eso no es sostenible. Ya tenemos un endeudamiento gigantesco. El gobierno está en déficit primario, lo que quiere decir que para financiar los gastos corrientes necesita deuda nueva".
Por tanto, argumenta, se necesita un gran ajuste fiscal, y "cuando lo haya, vamos a tener una recesión".
La CEPAL, sin embargo, calcula que el PIB de Colombia crecerá un 2,5% en 2026, de nuevo levemente por encima del promedio sudamericano.
5. Las quejas por la salud
El sistema de salud en Colombia atraviesa una crisis.
En la encuesta de Invamer, al preguntarles a los colombianos cuáles son los temas en los que debería enfocarse el próximo presidente de Colombia, el 72% mencionó la calidad y el cubrimiento de la salud.
Más del 95% de la población del país está cubierta por el sistema de salud, pero ello no siempre implica una atención efectiva.
Las cifras de la Superintendencia de Salud dan cuenta de que, de 2024 a 2025, las peticiones, quejas y reclamos de los colombianos por la atención que reciben de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) aumentaron más de un 27%.
Los pacientes se quejan de que se les niegan medicamentos y procedimientos, y de que las citas médicas disponibles, sobre todo con médicos especialistas, son insuficientes.
En Colombia, el Estado les entrega recursos de la salud a empresas (públicas, privadas y mixtas) que se encargan de administrarlos y asegurar a los colombianos.
Esas empresas llevan años diciendo que el dinero que reciben es insuficiente para garantizar el servicio, de acuerdo con lo que exige la ley y la jurisprudencia colombiana.
Precisamente por sus problemas financieros, el gobierno de Petro intervino ocho EPS, incluidas algunas de las más grandes del país, lo que quiere decir que asumió el manejo de estas y de sus 20 millones de pacientes afiliados.
Si el gobierno no logra salvarlas de la quiebra, esos pacientes (el 64% del total de afiliados al sistema) quedarán en una situación incierta. Tendrán que ser trasladados a otras entidades, que podrían no estar en capacidad de atenderlos.
La Contraloría dice que las empresas que fueron intervenidas por el gobierno experimentan un "deterioro crítico y sostenido" y tienen usuarios más insatisfechos.
Por todo ello, la salud ha sido, quizás más que en cualquier otra elección presidencial reciente, uno de los nodos de la discusión entre los candidatos.
En este, como en los demás temas, el debate ha girado en gran medida sobre el papel del gobierno de Petro: Iván Cepeda representa la continuidad, mientras que Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia proponen un cambio de rumbo.
En todo caso, tanto en salud como en seguridad y economía, quien resulte elegido este domingo (o el 21 de junio en segunda vuelta) encontrará un país con desafíos estructurales.
Y tendrá que demostrar que puede hacer frente a unas tendencias que, en muchos casos, vienen de mucho antes.
Diseño de imagen: Daniel Arce-Lopez, con imágenes de Getty
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