Muere Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años cuyo desahucio provocó una ola de protestas en España por la crisis de la vivienda

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que se convirtió en símbolo de la crisis de vivienda en España tras ser desahuciada del inmueble de Madrid en el que había vivido durante más de 70 años, murió este miércoles.

Abascal falleció en el hospital Gregorio Marañón de la capital española, en el que había sido ingresada tras ser desalojada de su vivienda el 23 de septiembre.

Su caso provocó una ola de protestas en toda España y llevó al gobierno del presidente Pedro Sánchez a proponer de urgencia medidas de alivio en materia de vivienda.

El rechazo en el Parlamento la pasada semana de dos decretos propuestos por el gobierno llevó este lunes a Sánchez a adelantar las elecciones, que se celebrarán el 29 de noviembre.

Ante la noticia del fallecimiento, el presidente del gobierno expresó "todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen". "Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia", agregó.

Desde el desahucio de Maricarmen, miles de personas se movilizaron en la Puerta del Sol de Madrid, donde se mantiene instalado un campamento de protesta.

"Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen", señaló en un comunicado el Sindicato de Inquilinas, organización que había luchado para evitar el desahucio de Maricarmen.

"Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante", agregaron.

Maricarmen había permanecido hospitalizada desde el desahucio, pero incluso desde su cama de hospital había mandado mensajes de apoyo a quienes se movilizaron en su defensa: "Luchad, defended lo que es vuestro".

Su desalojo expuso la gravedad de la situación habitacional en España, donde el precio de los alquileres ha subido exponencialmente en los últimos años debido a una combinación de factores: escasez de oferta, aumento de la población en las principales capitales y la presión de los apartamentos turísticos de corta duración.

El caso de Maricarmen

Maricarmen era inquilina de un piso de 92 metros cuadrados en el acomodado barrio de Retiro, en el centro de Madrid. Fue desalojada al no poder hacer frente a la subida de alquiler exigida por Urbagestión, la empresa de inversión propietaria del inmueble.

Después de un litigio de varios años en el que la justicia falló a favor de la empresa, la comisión judicial ejecutó el desahucio al cuarto intento el 23 de septiembre.

La octogenaria vivió en el piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda durante siete décadas, desde 1956, cuando su padre firmó un contrato de alquiler.

Tras la muerte del padre, su esposa pasó a ocupar su lugar como inquilina; y, cuando esta murió en 2005, el contrato pasó a su hija Maricarmen.

Maricarmen residía en la vivienda como inquilina bajo un contrato que pertenecía al régimen conocido en España como de renta antigua: alquileres firmados durante la dictadura franquista (1939-1975) que después conservaron condiciones diferentes a las de los contratos nuevos, incluida una renta históricamente baja.

Pagaba 500 euros al mes de alquiler (unos US$573), una cantidad muy inferior al precio actual de mercado.

Con el paso del tiempo, la ley permitió que algunos contratos antiguos de alquiler siguieran vigentes, y cambió las reglas sobre cómo podía actualizarse la renta y qué familiares podían continuar con el contrato cuando fallecía el inquilino.

Por eso, el hecho de que el piso cambiara de dueño no ponía fin automáticamente al alquiler: primero había que determinar si el contrato de Maricarmen seguía vigente.

Según la interpretación del Tribunal Supremo, en el caso de Maricarmen el contrato no podía prolongarse indefinidamente por tratarse de una segunda sucesión.

En 2018, la familia propietaria del edificio en el que se encontraba la vivienda de Maricarmen lo vendió a la empresa Renta Corporación, que dos años después ofreció a Maricarmen comprar el piso por 247.000 euros (US$282.000). Ella alegó que no podía asumir el precio.

Tras rechazar la oferta, el mismo año 2020 Renta Corporación vendió la vivienda a Urbagestión, la actual propietaria.

Urbagestión le cobró inicialmente a la inquilina 2.650 euros (US$3018) mensuales y después planteó que aceptaría 1.650 euros (US$1879).

Esa última suma superaba el monto total de la pensión mensual de 1.350 euros (US$1537) que recibía Maricarmen.

Según su abogada, Maricarmen siguió pagando la renta de 500 euros mensuales.

La empresa, por su parte, defendía que el contrato antiguo había terminado y reclamaba la cantidad actualizada.

Después de que el desahucio de Maricarmen provocara protestas en toda España, Urbagestión aceptó que la mujer regresara a su vivienda pagando una cantidad similar de alquiler a la que venía abonando, pero bajo un nuevo contrato.

Con su fallecimiento, ese esperado regreso a casa no sucederá.